El servicio público depende del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y en su directorio están representadas la CPC, la CUT y la Conapyme, además del Estado.
Gracias a esta ley dispondrá de recursos propios, a través de la Ley de Presupuesto, y contará con oficinas regionales para impulsar localmente procesos de certificación de competencias laborales en todo el país.